Dado los interrogantes que han surgido después de la entrada en vigor de la reforma de la LO 10/1995 de 23 de noviembre, se hace necesario responder a varias preguntas frecuentes, con las que nos encontramos a diario.

Sí, pero como implantar este tipo de modelo supone un coste económico, el Código Penal rebaja las exigencias que ha de tener este Modelo de Prevención para las empresas autorizadas a presentar una cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.

Además, puesto que los términos del Código Penal son genéricos. Hay que adaptarlos al tamaño y las necesidades de cada empresa. Un Modelo de Prevención de Delitos será más sencillo en una empresa de pequeñas dimensiones que en una gran empresa.

No. sólo se puede castigar penalmente a la empresa por los delitos que lo hayan previsto expresamente.

Sin embargo, existen algunos delitos para los que no se ha previsto responsabilidad penal de la empresa, pero que sí deben prevenirse en un Modelo de Prevención de delitos, porque podrían implicar una responsabilidad penal del administrador. Es el caso, por ejemplo, del delito contra los derechos de los trabajadores.

Depende.

Si el empleado comete el delito porque no se ha ejercido sobre él el debido control, estaríamos ante un caso del art. 31 bis 1.b) que podría llegar a suponer: responsabilidad penal de la empresa (por el delito del empleado) y responsabilidad del administrador en comisión por omisión del artículo 11 del Código Penal, por la infracción del deber de vigilancia.

No obstante, si el empleado comete el delito saltándose los controles del Programa de Compliance instaurado en la empresa, tanto la empresa como el administrador podrían quedar libres de responsabilidad penal (art. 31 bis 2).

De acuerdo con lo apuntado anteriormente, una de las primeras fases en la implantación del programa de compliance es revisar los controles que ya existan en la empresa. Sin embargo, los controles que existan como respuesta a las exigencias de legislación sectorial ( protección de datos, seguridad de los trabajadores, prevención de blanqueo de capitales, transparencia, etc…) no son suficientes para abarcar todos los riesgos que se derivan de la responsabilidad penal de las personas jurídicas tal y como se prevé en el Código Penal.

Ni la normativa sectorial abarca todos los riesgos por los que puede castigarse penalmente a la empresa, ni el Código Penal abarca todas las exigencias de prevención establecidas en la legislación sectorial ( por ejemplo, porque no prevé responsabilidad penal de la empresa por delitos contra la seguridad de los trabajadores.

Por tanto, es preciso que los controles con los que cuente una determinada empresa se adapten a las exigencias del Código Penal.

Una crítica habitual es que el supuesto coste de un programa de compliance no se amortice, que aumenta la burocracia.

Ante esta crítica, ya en el mundo anglosajón se formuló el lema “Si piensas que el compliance es caro, prueba sin ello”.

Tal y como hemos dicho antes, si comparamos las posibles consecuencias negativas de una infracción, los costes que supone un modelo de compliance penal no sólo se amortizan sino que en la mayoría de los casos supone una mejora de los procesos internos de la compañía, un ahorro de costes y una ventaja competitiva.

No.

El legislador no pretende que el Programa de Compliance sea un puro formalismo y que lo tengamos guardado en un cajón.

De lo que se trata es de integrar ese Programa dentro de la estructura de la empresa y su eficacia vendrá determinada por el conocimiento que se tenga del mismo internamente y por su aplicabilidad real.

Porque todavía no son conocidas las condenas dado que los procesos penales se alargan bastante.

De hecho, la primera condena del Tribunal Supremo a una persona jurídica es muy reciente, de fecha 29 de febrero de 2016.

Esta es la pregunta. Hasta ahora no quedaba muy claro. Se partía de que la persona jurídica tenía que establecer mecanismos de supervisión y control, pero no se indicaba cuáles ni cómo…, hoy en día, y aprobada la reforma del Código Penal que ha entrado en vigor el 1 de julio de 2015, los requisitos son los que se recogen en el Código.

Muchas cosas, ya sabemos qué es exactamente lo que tendrá que hacer la persona jurídica para quedar exenta de responsabilidad por los delitos cometidos por sus administradores, directivos y empleados.

Sí.

El nuevo texto del Código Penal no distingue. Tan sólo exime de una concreta obligación (la de disponer de un órgano de vigilancia y control específico) a las empresas autorizadas a presentar una cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.

Pero incluso éstas se hallan obligadas a todo lo demás.

También tienen que hacerlo.

Las sociedades mercantiles públicas, (estatales, autonómicas, provinciales, locales) que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general sólo se diferencian de las demás en que las únicas penas que pueden sufrir son las de multa o intervención judicial.

También.

Los partidos políticos y los sindicatos, al igual que los clubes deportivos o asociaciones civiles, si quieren quedar exentos de responsabilidad penal por delitos cometidos por sus administradores, directivos y empleados, tienen también que adaptarse a los requisitos del nuevo texto del Código Penal.

Que la persona jurídica, implante un “modelo de prevención de delitos” o programa de compliance, y que este resulte adecuado y sea eficaz.

Pues es el resultado de un conjunto de normas, procedimientos y actuaciones internas de vigilancia y control que deben llevarse a cabo para prevenir o, al menos, reducir razonablemente el riesgo de comisión de delitos.

El resultado del análisis de la empresa es una especie de manual de instrucciones.

Pero lo importante es ponerlo en práctica, hacerlo realidad. Por eso, además hay que revisarlo con periodicidad, cuando se detecten variaciones en la estructura de la empresa o infracciones cuya prevención no estaba bien establecida.

En principio, si se dan los requisitos expuestos anteriormente, su empresa será imputada y condenada, respondiendo penalmente en los términos indicados.

Pues la reforma entró en vigor el 1 de julio de 2015, y ya es aplicable la exigencia de un modelo de prevención de delitos, pero lo importante es ir dando pasos en este sentido. Es decir, no resulta imprescindible la plena implantación que puede ser cuestión de muchos meses, pero sí es conveniente irse decidiendo e ir acercando su empresa a las exigencias del Código Penal. Nosotros le iremos acompañando y asesorando a lo largo del proceso de implantación.