Según el diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, prostituir puede ser considerado como “deshonrar o degradar algo o a alguien abusando con bajeza de ellos para obtener un beneficio”.

El término «prostitución» proviene del latín prostitutio, que tiene el mismo significado que el actual y que a su vez proviene de otro término latino, prostituere, que significa literalmente ‘exhibir para la venta”.

Pues bien, desde que el 1 de julio de 2015 entrase en vigor la reforma del Código Penal,  introducida por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, y en concreto de su artículo 31 bis, el panorama jurídico de la persona jurídica se vio afectado de manera importante y ampliando lo que ya se venía regulando desde el año 2010, las personas jurídicas se convierten ahora en responsables penales no sólo por los delitos cometidos por sus administradores o directivos en beneficio de ésta, sino también por cualquiera de sus empleados o personas a su cargo y pueden ser sancionadas con penas de hasta 3,6 millones de euros e incluso con su disolución, si no se ha ejercido el control que ahora exige el Código Penal a través de un modelo de prevención de delitos adecuado y eficaz.

De esta forma puede concluirse, que hoy en día sólo hay una forma de evitar o de atenuar la pena en caso de que se dé la comisión de un delito, y es demostrando que la empresa ha sido diligente adoptando las medidas necesarias mediante la implantación de un Plan de Prevención de Riesgos Penales o Modelo de Compliance penal,” adecuado” y “eficaz”.

Ahora bien, como es evidente, el contenido y alcance de esta reforma ha hecho surgir la inquietud y temor en el mundo empresarial, que preocupado por el calado de la misma cuando acude a nosotros ya  lo hace con numerosa información obtenida en artículos o charlas de divulgación, o en conferencias ofrecidas por empresas que prestan estos nuevos servicios portando incluso sobres con folletos explicativos y manejando una información que ciertamente debería hacernos saltar ciertas alarmas.

Puesto que si bien ya resulta, en cierto modo, frustrante apreciar la poca información sobre los distintos efectos positivos que supone la implantación de estos programas de prevención penal, más frustrante resulta cuando la idea que parece tener el cliente, tras haber sido “debidamente” informado sobre la oportunidad de dotarse de un programa de prevención penal es que si no lo tienen se condenarán e irán irremediablemente a prisión, y aquellos que lo  tengan se “se salvarán” de una inminente condena, salvación que tendrán garantizada con la mera contratación de los servicios ofertados.

Y es ante esta información, cuando una trata de poner énfasis en las palabras del legislador y hacérselas llegar debidamente al cliente; “adecuado” y “eficaz”, dudando que un modelo de prevención penal obtenido tras la mera cumplimentación de unos cuestionarios, vaya a ser adecuado o vaya a ser eficaz y suponer la tan ansiada salvación buscada.

Juzguen ustedes.

Esther Romero Simón.

Abogada.